Por Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional
La historia es tan horrible que escapa de cualquier lógica.
En julio de 2012, Rosaura Almonte, una chica de 16 años conocida en los medios de comunicación como Esperancita, ingresó en un hospital de Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Una vez allí, le diagnosticaron leucemia y le dijeron que necesitaba un tratamiento médico para salvarle la vida.
Pero había un problema. Esperancita estaba embarazada de siete semanas y la quimioterapia que necesitaba afectaría al feto.
Puesto que el aborto estaba penalizado en República Dominicana, los médicos tardaron 20 días en decidir qué hacer antes de administrar a Esperancita el tratamiento que necesitaba desesperadamente y al que tenía derecho.
Pero 20 días resultaron ser demasiados y el 17 de agosto de 2012 la joven murió de un choque hipovolémico, convirtiéndose así en otra víctima de leyes crueles que impiden recibir una evaluación médica rápida y sensata. Estas leyes dan prioridad a la ideología sobre los derechos humanos.
Este trágico caso provocó un intenso debate en República Dominicana. El presidente del país, Danilo Medina, aprobó en noviembre de 2014 una nueva legislación que permitía abortar en casos de violación, incesto, malformación mortal del feto o cuando está en riesgo la vida de la mujer o de la niña.
Nadie sabe si Esperancita hubiera sobrevivido o si se hubiera podido prolongar su vida si hubiera recibido el tratamiento en cuanto se descubrió el cáncer. Sin embargo, lo que sí se sabe del cierto es que no había ninguna razón para obligarla a soportar 20 días de dolor, incertidumbre y miedo, mientras políticos, médicos y comentaristas debatían, al fin y al cabo, si debía vivir o morir. Lo que está claro es que una ley discriminatoria ató de manos a los profesionales de la salud y que fue esa ley la que denegó a Esperancita el derecho a acceder a un tratamiento médico que salvara su vida o la prolongara, tal y como ella deseaba.
Aunque se haya aprobado la nueva ley, que aumenta la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas, no se puede asegurar que casos como el de Esperancita no se repetirán. El destino de las mujeres y niñas dominicanas pende de un hilo después de que grupos de creyentes impugnaran la reforma del presidente Medina en los tribunales. El Tribunal Constitucional del país ha de tomar una decisión al respecto. Es fundamental que la decisión respete los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y las niñas de República Dominicana.
A pesar de la tendencia a armonizar las leyes con su obligación en materia de derechos humanos respecto a la protección de los derechos de mujeres y niñas, algunos países, incluyendo Paraguay, El Salvador e Irlanda, mantienen leyes draconianas y discriminatorias que siguen prohibiendo el aborto en prácticamente todas las circunstancias. Estas leyes tratan a mujeres y niñas como simples portadoras de bebés en vez de como a seres humanos con derechos básicos y pueden tener consecuencias desastrosas.
En Paraguay, se obliga a las niñas que se han quedado embarazadas a causa de una violación a que sigan adelante con el embarazo, a pesar de los graves riesgos para su salud física y mental y para su vida que ello comporta. Los expertos de Naciones Unidas en tortura han instado a Paraguay a que modifiquen sus leyes para permitir el acceso a servicios de aborto seguro y legal en caso de violación, por el dolor y el sufrimiento que se infringe a las mujeres y niñas a las que se les deniega el acceso a esos servicios.
«Mainumby», una niña paraguaya que se quedó embarazada con 10 años después de ser violada, al parecer por su padrastro, sufre las consecuencias de este escándalo de los derechos humanos. El caso de Mainumby ha conmocionado al mundo mientras las autoridades paraguayas siguen ignorando las súplicas que piden que permitan el acceso al aborto a la niña y así no tenga que seguir adelante con un embarazo de alto riesgo, fruto de violencia sexual reiterada.
Según análisis de la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de muerte materna es cuatro veces mayor en las adolescentes menores de 16 años que en las mujeres de entre 20 y 30 años. Otros problemas de salud física y mental son también significativamente mayores entre las niñas de corta edad con embarazos precoces e indeseados.
En El Salvador, muchas mujeres, que no deseaban o que simplemente por desgracia no podían continuar con su embarazo, se consumen entre rejas, acusadas de haber abortado.
Pero esto no son casos exclusivos de América. En otros países de todo el mundo se juega a la ruleta rusa médica con la vida y la salud de mujeres y niñas, provocándoles sufrimiento tanto físico como mental e incluso la muerte, algo que es totalmente innecesario.
Amnistía Internacional ha publicado hace poco un informe sobre la draconiana legislación contra el aborto de Irlanda, unas de las más duras de Europa.
Irlanda sólo permite a las mujeres y las niñas acceder al aborto si su vida corre peligro. En todos los demás casos, incluso si el embarazo es fruto de una violación o de incesto, o incluso en caso una malformación mortal del feto, el aborto es un crimen punible con hasta 14 años de cárcel.
En 2012, Savita Halappanavar, dentista india que vivía en Irlanda, murió por un choque séptico días después de se le negara un aborto tras sufrir un aborto espontáneo. Por desgracia, es una práctica que otras mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional también han vivido. Su trágica muerte provocó protestas a nivel nacional e internacional y acalorados debates sobre las leyes del aborto irlandesas. Este encendido debate aún continua, tras los cambios para permitir formalmente el aborto en los casos en los que la vida de la madre está en riesgo.
En la práctica, poder abortar, incluso si existe riesgo para la madre, sigue siendo difícil a causa de los molestos requisitos que se exigen. Además, la ley no avanza lo suficiente. Las mujeres deberían como mínimo tener acceso al aborto si sus vidas o su salud están en riesgo o si el embarazo es fruto de una violación o de incesto, así como en los casos de malformación severa y mortal del feto.
La lista de los nombres de las mujeres y niñas de todo el mundo que han sido víctimas de de leyes del aborto draconianas sería demasiado larga para imprimirla.
Pero hay un rayo de esperanza. Al igual que la República Dominicana, otros países están empezando poco a poco a debatir esta injusticia y a dar pasos para despenalizar el aborto a favor de los derechos humanos y la salud de mujeres y niñas, para que sean libres de tratos crueles e inhumanos y de otros tipos de tortura, y para que se respete su derecho a la vida.
A principios de este año, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, impulsó un proyecto de ley en el Congreso que acabaría con la prohibición total del aborto y garantizaría el acceso a un aborto seguro en casos en los que la vida de la mujer embarazada estuviera en riesgo, en los que el feto no fuera viable o cuando el embarazo fuera fruto de una violación. El Congreso sigue debatiendo este proyecto de ley.
Es el momento que otros gobiernos con leyes crueles y discriminatorias hagan lo mismo. No es un debate sencillo pero el mundo no se puede permitir mirar para otro lado. Las mujeres y las niñas mueren y sufren mientras este debate sigue adelante.
